Conductores de Uber: ¿empleados o independientes?

¿Trabajadores contratados o empleados? El estatus de los conductores de aplicaciones como Uber está en la cuerda floja en California. El viernes 21 de agosto, un juez determinó que el referéndum de noviembre de 2020, que avala la independencia de los conductores, es inconstitucional e “inaplicable”, según los medios estadounidenses.

Los líderes estadounidenses de las aplicaciones Uber y Lyft habían sometido a votación una ley que independizaba a sus conductores, mientras que este estado norteamericano había aprobado, en 2019, un documento que obligaba a dichas empresas a tratar a sus conductores como empleados.

Las dos empresas y otras plataformas aliadas habían ganado la partida: los electores de California habían votado con un 58.6% a favor de la Proposición 22, que planteaba remunerar a sus conductores por viaje realizado, acordando algunos beneficios sociales.

La proposición es inconstitucional porque impediría que en el futuro se cambie el estatus de los conductores a empleados protegidos por la ley de compensación laboral.

Un portavoz de Uber dijo: “Apelaremos y creemos que ganaremos. Esta decisión ignora la voluntad de la mayoría de los votantes de California y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la lógica o de la ley. El fiscal general de California ha defendido firmemente la constitucionalidad de la Proposición 22”.

Para Erica Mighetto, una conductora que hizo campaña para obtener el estatus de empleada, la decisión es un “triunfo para el futuro del trabajo basado en aplicaciones”. Y afirmó: “Me alegro mucho de que los tribunales vean la Proposición 22 como un intento de destruir los derechos laborales. Creo que ahora los conductores tienen una oportunidad real de luchar por un salario digno y un entorno laboral justo”.

Uber había gastado más de 200 millones de dólares para promover el voto afirmativo a la Proposición 22 en noviembre de 2020.

Reclasificar a los conductores como trabajadores supondría concederles determinados derechos y prestaciones, como el subsidio de desempleo o la posible negociación colectiva.

Hace un año, tres meses antes de la votación, las dos empresas californianas amenazaron con cerrar completamente su servicio en el estado, lo que habría dejado sin trabajo a decenas de miles de personas.

En febrero, el Tribunal Supremo de California se negó a atender una demanda de los conductores de Uber que querían obligar al estado a rechazar la ley aprobada en referéndum. Argumentan que la Proposición 22 viola la Constitución de California al limitar la capacidad de los trabajadores a organizarse entre sí y al excluir a los conductores de las prestaciones a las que deberían tener derecho como empleados.

Pero los conductores se dividen entre los que quieren ser asalariados y los que prefieren mantener la flexibilidad actual. Quieren quitar a los conductores la capacidad de trabajar de forma independiente y eliminar los nuevos beneficios históricos que ofrece la Proposición 22, incluidos los ingresos garantizados, el seguro de salud y más.

Jean-Luc Lenoble
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